CAPITAL FEDERAL, Julio 18.- (Por Mario Wainfeld Hace unos meses, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, enfático, narró que “Mauricio le preguntó a Oyarbide varias veces qué pruebas tenía contra él y el juez nunca le contestó”. Economista él, Rodríguez Larreta ignoraba que en las indagatorias el magistrado pregunta y el denunciado contesta o se ampara en sus derechos. Y no al revés.

El jueves, titubeante, la diputada Gabriela Michetti fulminó a la Cámara Federal porque no produjo ninguna prueba de las ofrecidas por Mauricio Macri. Cientista social ella, ignoraba que esas apelaciones excluyen toda posibilidad de apertura a prueba.

Se ve que sus asesores jurídicos fallan o que los dejaron de lado en tributo a un discurso político victimizador: Néstor Kirchner los persigue, ya van cuatro jueces que le sirven de amanuenses. Oyarbide es un magistrado discutido y desacreditado, asediado por juicios políticos. Los tres camaristas federales tienen buena reputación y no registran acusaciones relevantes. Por otra parte, un funcionario que acusa a jueces por cometer delito de prevaricato tiene el deber (no la mera facultad) de denunciarlo ante los Tribunales. Por algo calla el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, quien sí conoce el derecho. Su regreso a la sociedad civil y a la cátedra es cercano y no puede permitirse macanear tanto.

La sentencia de Cámara es, mal que pese al oficialismo porteño, contundente (ver asimismo nota central). Convulsionó al macrismo que esperaba una revocatoria o, como piso, un fallo dividido que le permitiera argumentar de modo menos defensivo.

El recurso ante la Cámara de Casación no es una apelación, usualmente accesible. Es un recurso extraordinario, admisible como excepción. En este caso, sería una enorme arbitrariedad, ni aun los voluntaristas PRO han de creer que prosperará. La recusación a Oyarbide sí podría ser tratada pero, aun de ser acogida, no impactaría en el procesamiento firme.

El campeón de la nueva política afronta un desafío nuevo en la competitiva política doméstica: seguir gobernando con tamaña mochila en su currículum. La oposición se aglutina en su contra, mirando el escenario electoral. Hasta la diputada Elisa Carrió, que no deja pasar oportunidad para denostar el autoritarismo K, califica de “impecable” el fallo.

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La Legislatura no tiene los votos necesarios para destituirlo a través del juicio político, tal vez no le convenga atravesar esa instancia. Pero, de cualquier modo, hay otros hechos que complican el presente y ensombrecen el porvenir de Macri. Uno, para nada menor, es el tratamiento que le prodigan medios y periodistas, aun aquellos que lo vienen aupando porque cualquier bondi antikirchnerista le viene bien. En un gesto de independencia, el periodista Nelson Castro extrema el punto, opina que el gobernante procesado debe renunciar. La oposición, mayoritariamente, exige menos: una licencia a las resultas de la causa judicial.

Hasta Clarín y La Nación destacaron el procesamiento en tapa e incluyeron, a disgusto, críticas al caído en desgracia. Más a regañadientes debieron informar que en el acto conmemorativo del atentado a la AMIA resonaron críticas severas contra Macri. La colectividad judía, que en 2007 habrá votado en proporción similar a la media de los capitalinos, lo cuestiona en conjunto. En número son pocos, pero es denso ser centro de la reprobación en una movilización que tiene repercusión sensible en muchos ciudadanos.

La gestión como alcalde no ayuda. Hasta los tacheros que, según el imaginómetro del cronista, lo deben haber votado en proporción mayor a la media, despotrican.

Los otrora aliados-amigos de Unión-PRO toman distancia, mientras tratan de atraer algún dirigente o legislador macrista. Pueden tener éxito, no sólo los peronistas reaccionan cambiando de camiseta cuando huelen sangre.

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