LA PLATA, Diciembre 22.-(Por Marisa Alvarez) “Los sindicalistas tienen la mala costumbre de mirar cómo evolucionan los precios en las góndolas en vez de aceptar los números del Indec”.

La ironía corre por cuenta de dirigentes del oficialismo bonaerense que, aunque en voz muy baja, empiezan a reconocer que las negociaciones salariales del 2014 con los gremios docentes y del resto de los estatales pueden llegar a figurar entre las más duras de la historia de estas paritarias.

Temen, concretamente, que esas discusiones desemboquen en la concesión de aumentos “imposibles de pagar”, profundizando hasta niveles insostenibles las “eternas dificultades” financieras de la administración provincial. O, de lo contrario, deriven en un escenario de protestas y huelgas que paralicen los servicios educativos, judiciales, hospitalarios y administrativos, que podría extenderse a los municipios.

 ESQUIVANDO CULPAS

El criterio de poner a la inflación en la base de la virulencia que podrían alcanzar las discusiones paritarias del 2014 busca, desde ya, restarle “culpa” a la concesión efectuada por el gobierno de Daniel Scioli a la Policía hace dos semanas, y fundamentalmente al sueldo mínimo de $8.500 otorgado a la fuerza, un “piso” al que la mayoría de los especialistas coloca como uno de los ejes de las duras demandas salariales que deberán afrontar la administración bonaerense en el corto plazo, y aún los sectores privados.

SIN PLAN A LA VISTA

Pero ese criterio también está respaldado en datos inquietantes. En los últimos tiempos la inflación alcanzó un ritmo que se acerca al 3% mensual, una acelerada que en el caso de los alimentos asciende al 5%, esto es, superior al 60% anual.

Son esos números los que producen escalofríos en funcionarios provinciales e intendentes bonaerenses -en ese rubro, sin distinciones partidarias ni internas-, en el marco de una preocupación que crece en la medida que, según subrayan, “resulta evidente que el gobierno nacional no tiene un plan para la escalada de los precios”.

El anuncio de un nuevo acuerdo de precios sobre un listado limitado y aún indefinido de productos y con un grupo, también limitado, de comercios, otra vez apoyado en “el control popular” para su cumplimiento, no aportó, por cierto, ningún alivio.

“En esos acuerdos ya no cree nadie y su reiteración es una demostración de que no hay plan para enfrentar la inflación”, interpretaban este fin de semana en algunos despachos bonaerenses, donde no ocultaban la decepción frente al anuncio formalizado el viernes por el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía Axel Kicillof.

SIN MISTERIO

En ese marco, los economistas coinciden en que “no hay mucho misterio sobre las causas de este proceso inflacionario: un gasto público nacional que ha desbordado en un déficit creciente y que se viene cubriendo con emisión de moneda.

 “Con la escalada de precios que se está desatando, ya dejó de ser una teoría que emitir 30 mil millones de pesos por mes genera inflación, para convertirse en una realidad verificada”, sostienen. Y creen que, por lo tanto, tampoco hay mucho misterio para la solución: bajar el gasto.

GESTOS QUE IRRITAN SI, PEDIDOS DE PLATA, NO

 Lo cierto es que la temible posibilidad de que, al cabo de las paritarias, la Provincia pueda tener serias dificultades para afrontar su gasto más esencial, el pago de los salarios, rondó las conversaciones que Scioli mantuvo esta semana en dos movidas que, de paso, tuvieron el condimento político que al Gobernador le gusta ponerle cada tanto a sus movimientos: reunirse con opositores o críticos de la Casa Rosada.

Con el gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Scioli comparte haber dado un aumento salarial a la Policía que evitó, en sus propias definiciones, “males mayores” pero que ahora funcionará como pauta para el resto, y la inquietud por la insuficiencia de sus recursos para afrontar esas mejoras.

Pero aunque se permitió, con esa reunión, reiterar los gestos que irritan al kirchnerismo y en especial a la Casa Rosada, Scioli resolvió no avalar la idea del cordobés para afrontar el problema que se les viene: la de reclamarle a la Nación la creación de un fondo especial para que las provincias atiendan las urgencias que se deriven de los acuerdos salariales con sus policías.

Más aún, sus principales operadores ocuparon las horas previas y posteriores al encuentro con De la Sota a tratar de bajarle el tono político y aún institucional a la movida, que oficialmente fue presentada como la firma de un convenio destinado a promover cada uno las bondades turísticas de la provincia del otro.

CON EL MAS ODIADO

La reunión con uno de los enemigos declarados del gobierno nacional, Hugo Moyano, en tanto, tuvo uno de sus ejes en, precisamente, las paritarias que se vienen en el universo público bonaerense.

 Es que, al margen de que varios gremios estatales están alineados en la CGT que lidera el camionero, el asado que los convocó se sirvió en la casa del diputado provincial Jorge Mancini, titular del gremio que agrupa al personal de la Ceamse, y estuvo también uno de los hijos de Moyano, Facundo, jefe del sindicato de los empleados de los peajes, un grupo de los cuales ahora es personal de la flamante empresa del Estado bonaerense que se hizo cargo de la autopista La Plata-Buenos Aires.

MAS APORTES A LA PREOCUPACION

Si de preocupaciones para el gobierno bonaerense devenidas de la esfera nacional se trata, la semana se completó con la “idea” de estatizar el servicio eléctrico. En medio de apagones que terminaron de convertir en un calvario la ola de calor, la Casa Rosada reaccionó “culpando” primero a la “bonanza económica” y el consecuente mayor consumo, sobre todo de splits, y luego apuntó contra las empresas concesionarias y amenazó con hacerse cargo del servicio. Si concretara la amenaza, la Nación tendría que ocuparse de dar luz a la capital federal y el Conurbano.

Pero en el resto de la Provincia el servicio es prestado por concesiones del Estado bonaerense. Por eso, en el oficialismo hay quienes se preguntan si la administración provincial debería asumir el servicio sin tocar tarifas y sin plata para inversiones, es decir, con un futuro garantizado de más apagones. Y también en este punto hay quienes recurren a la ironía. “Si estatizar todo fuera la solución, la Unión Soviética no hubiera desaparecido”, plantean.(Fuente: EL DIA)