CAPITAL FEDERAL, Junio 10.-(Por Mario Wainfeld) Una semana con variados protagonistas. El debate sobre Reposo, desarrollo y desenlace. Transporte se traslada a Interior, lo que viene con el cambio. Una sentencia de la Corte que repara algo pero que pudo ser mejor. Y apuntes sobre poderes, contrapesos, oficialismo, oposición y sociedad.
La oposición ganó una pulseada en el Senado, al cerrarle el paso a Daniel Reposo. El oficialismo “recalculó” y mejoró su oferta proponiendo a la fiscal Alejandra Gils Carbó en su reemplazo.
La concesión a la empresa TBA fue revocada, tras una breve intervención. Los Cirigliano están presos. La restructuración ministerial saca a la Secretaría de Transporte del área de Planificación y le da más realce pasándola al área de Interior.
La Corte Suprema revocó, en buena –sí que tardía– hora, una condena criminal chocante contra Fernando Carrera. Un movimiento de opinión pública acicateado por la película The Rati Horror Show catalizó, sin duda, la decisión (ver asimismo recuadro aparte).
Grupos de clase de alta y media, conducidos por la derecha mediática, manifiestan en las calles. La CTA disidente protesta en toda la geografía porteña y conurbana. El sindicato de Camioneros anuncia fuertes medidas de acción directa. “El campo” cumple su lock out, con poco punch pero con rostro torvo. La acción directa ocupa el espacio público y los únicos desbordes corren por cuenta de los caceroleros.
Hablamos de la crónica de la semana que pasó, resumida en una muestra. El encuadre muestra a una sociedad y a un sistema político vitales, con contrapoderes importantes. El oficialismo domina la escena, entre otras razones porque sabe construir y conservar poder. También porque es diestro para revisar sus errores con velocidad y reaccionar rápido ante los reveses. Pero no es el dueño de la agenda ni tiene control absoluto (mucho menos totalitario) sobre la realidad.
El cronista se ataja: no es que crea que la Argentina es la casa de Heidi o la de la familia Ingalls. Hablamos de una mala propuesta del Gobierno, de la mala gestión del ¿sistema? de Transporte, de vicios policiales, judiciales y mediáticos muy arraigados... O de grupos de gente paqueta que prepotea de modo violento.
Lo que se subraya (o se añade a análisis empobrecidos y sesgados) es que las instituciones funcionan, no de modo ideal pero mucho más de lo que describe la Vulgata dominante. Que la sociedad civil y la opinión pública inciden en las decisiones de los poderes del Estado. Que distintas formas de oposición se aglutinan y defienden sus banderas.
Nada es perfecto, seguramente tampoco lo serían las familias Ingalls o de Heidi si las auscultara una cámara oculta.
La modesta proposición de esta columna es re visionar las lecturas monocromáticas, las que hablan de unicato o hasta “dictadura de los K”. Para el lector que adscribe a esa visión maniquea, va una proposición con alternativas. Si está dispuesto a matizar su pensamiento, siga leyendo esta nota. Si le place más escuchar sólo el batir de su cacerola o su parche, sordo a otras voces, hasta aquí llegamos.
Con los que persistan, ahí vamos.
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Responso a Reposo: Si el cronista quisiera exagerar su punto (no hay tal) bromearía diciendo que el radicalismo y el Frente Amplio Progresista priman sobre el Frente para la Victoria (FpV) en el Senado. Ganaron con el oficialismo las votaciones en general sobre YPF y lo vencieron (por abandono) respecto del pliego de Reposo.
La Casa Rosada evaluó mal la correlación de fuerzas y presentó a un aspirante de módicas condiciones. La exigencia legal de dos tercios para nombrar al procurador fuerza a buscar aliados extramuros (aún en un escenario tan propicio para el oficialismo en las dos Cámaras): no era el momento oportuno ni el candidato ayudó. Cuestionados desde los grandes medios y divididos internamente por el correcto apoyo a la expropiación de Repsol, radicales y socialistas encontraron una oportunidad para oponerse férreamente (lo que les ha salido fácil desde 2008) y ganar (lo que le ha sido esquivo en el recinto y en las urnas).
La normativa vigente es severa por los dos tercios y por el oxigenante régimen de debate público y abierto establecido por el decreto 222 del año 2003, sancionado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Suele decirse que esa regla, como la renovación de la Corte Suprema con la que coincidió, fueron virtudes tempranas del kirchnerismo: un “lavado de cara” o un simulacro del que se arrepintió luego. Esta leyenda negra urbana encuentra algunos reparos en los hechos. Por ejemplo, años después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convoca al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y al supremo más descollante, Eugenio Rafael Zaffaroni, para integrar las comisiones reformadoras de los Códigos Civil y Comercial, por un lado, y Penal, por el otro. Si su afán fuera desapoderarlos, otra hubiera sido su conducta.
En lo que hace al decreto 222, es derogable por otra norma de igual rango, accesible a la pluma de la Presidenta. Sobrevive y le dio contorno al debate de estos días. La visibilización favoreció en este caso a los opositores, en un ejercicio institucional interesante, fomentado por la regulación fijada por el oficialismo. Perdió en su ley, por así decir.
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