LA PLATA, Agosto 01 (www.SaltoCiudad.com) A fin de proteger los salarios de los empleados de la administración pública, el diputado Gustavo Vignali presentó un proyecto de ley a partir del cual se estipula un límite claro en cuanto a los embargos y descuentos que puedan sufrir dichos agentes.
Atento a la innumerable legislación en materia de inembargabilidad de salarios de los empleados públicos, a través de decretos y leyes, Decreto ley 6754/43, ratificado por ley 13.894 del Honorable Congreso Nacional, Ley Nacional 9511 y 14.443, así como diferentes decretos provinciales, entre ellos el decreto 754/00 de la Provincia de Buenos Aires, Vignali entiende que “es imprescindible contar con una legislación propia en la materia, amén de su correspondiente reglamentación posterior”.
En este sentido, el legislador afirmó que “la violación de derechos reconocidos constitucionalmente compromete el orden público y los más elementales principios de equidad y justicia, obligando al agente a que en algunos casos deban recurrir a los órganos de administración de Justicia, a fin de proteger sus derechos reconocidos legalmente, lo cual provoca la puesta en funcionamiento del sistema judicial para el reconocimiento de un derecho que en la práctica nunca pudo haber sido vulnerado”.
Por otra parte, se ha podido comprobar que dentro del ámbito de la administración pública provincial hay agentes que tienen afectados más del 20% de sus haberes en forma concreta, hasta afectar prácticamente en muchos casos el 100% de sus ingresos, sumiendo a las personas afectadas en situaciones de emergencia injustificable y que no pueden contar bajo ningún punto de vista con el aval del Estado provincial, el cual por medio de los códigos de descuento se producen abusos que desvirtúan ostensiblemente el texto y espíritu de la ley.
“La protección del salario de los trabajadores es una premisa adoptada por nuestra Carta Magna en su artículo 14 bis, y por la incorporación como parte integrante de la misma de la convención 95 ‘sobre protección del Salario’ de la Organización Internacional de Trabajo, premisas adoptadas también por Nuestra Constitución Provincial en su artículo 39”, argumentó el diputado.
Por lo expuesto, Vignali entiende que a fin de mantener consonancia “no sólo en la letra, sino en el espíritu de las normas citadas, resulta indispensable poner un límite claro y delineado a la afectación y protección del salarios de los empleados y funcionarios públicos, en virtud de las mandas legales citadas, tanto en resguardo de estos como del interés de los acreedores, entidades financieras mutuales, etc., que verían comprometidos sus intereses ante una posible legislación provincial ambigua”. (www.SaltoCiudad.com)
