Los acuartelamientos policiales que están en desarrollo en la mayoría de las Provincias son una expresión aguda de la descomposición política, económica y social del régimen social y político vigente.
La aceleración de la inflación, que supera ya el 30 % anual, ha derrumbado el magro nivel de millones de trabajadores, la mitad de los cuales está en negro, precarizado o desocupado, o sea que el 80 % de ellos no supera un ingreso mensual de cuatro mil pesos.
Es natural entonces que los acuerdos firmados por diversos gobiernos de provincia con sus fuerzas policiales, que establecen un básico de ocho mil y hasta diez mil pesos, haya producido una enorme conmoción laboral y social.
Esto, en especial, cuando el gobierno pretende establecer un “ancla de inflación” con previsiones de aumentos de salarios del orden del 18 al 20 por ciento, por un lado, y un feroz endeudamiento con el exterior ajustado a la desvalorización del peso, por el otro. Con un castigo para el trabajo y un premio para el capital.
Ante esta situación, reclamamos el establecimiento inmediato de un salario mínimo y móvil de 8.000 pesos para todos los trabajadores sin distinción y del 82 % móvil para todos los jubilados. Mientras el endeudamiento feroz de los últimos meses dolariza la economía y valoriza de este modo al capital financiero, los salarios sufren un colosal pesificación de una moneda que pierde poder adquisitivo. En resumen, estamos frente a una descarga fenomenal de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
La crisis policial no solamente ha perforado los planes de ajuste que de nuevo intenta aplicar el gobierno, sino que ha expuesto una crisis política sin precedentes. En apenas dos semanas, la delegación del gobierno en el jefe de gabinete se ha hundido sin remedio, sin que se avizore la posibilidad de que la mandataria procure ocupar de nuevo el centro de la decisión y la gestión política. Advertimos contra la tentativa, ya usada por Alfonsín y De la Rúa, de recurrir a la declaración del estado de sitio, para conjurar la fragmentación política del Estado. El Ejecutivo pasaría a gobernar con la Gendarmería e incluso con el ejército, que obtendría un retorno impensado al protagonismo político. Rechazamos, más que nunca, el ascenso de Milani y su designación como jefe d! el ejército.
Los sindicatos y las centrales obreras tienen en este momento una responsabilidad enorme, por eso las burocracias sindicales se han llamado al inmovilismo. El movimiento obrero debe intervenir con toda energía por sus reivindicaciones, por un lado, y contra toda deriva de estado de sitio, por el otro, porque es el único en condiciones de dar una salida progresista y popular a la crisis económica y política.
Partido Obrero
